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Extractos del fallo del tribunal constitucional que liberalizó el aborto en Colombia

Women’s Link Worldwide, 2007
Prefacio de Rebecca J Cook

La decisión de la Corte Constitucional de Colombia del 10 de mayo de 2006, que amplió las bases para un aborto legal, es histórica. La Corte decidió, en el caso C-355/06, que la prohibición criminal del aborto en todas las circunstancias viola los derechos fundamentales de la mujer. Se encontró que estos derechos estaban protegidos por la Constitución Colombiana de 1991 y por la legislación internacional de derechos humanos. La Corte explicó que la absoluta prohibición que busca proteger los intereses del feto coloca una carga desproporcionada sobre el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. La Corte dictaminó que el aborto es permitido legalmente en las siguientes circunstancias:

• Cuando la continuación del embarazo significa un riesgo para la vida o la salud física o mental de la mujer,
• Cuando existen serias malformaciones que hace que el feto no sea viable, y
• Cuando el embarazo es resultado de un acto criminal de violación, incesto, inseminación artificial no deseada o implantación no deseada de un óvulo fecundado.

La Corte explicó que un médico debe certificar si alguna de las dos primeras indicaciones se cumple. Más aún, el presunto acto criminal debe ser reportado a las autoridades pertinentes, pero no debe ser establecido de manera incontrovertible como precondición para el aborto.

La Corte reconoció el valor constitucional de la vida, incluyendo la vida fetal, pero hizo la distinción entre el valor de la misma y la reivindicación del derecho legal a la vida. Se dictaminó que éste se limitaría a un ser humano nacido, mientras que el valor constitucional de la vida puede ser protegido antes de que el feto nazca. La Corte explicó que el Estado puede proteger la vida prenatal, pero sólo de una manera compatible con los derechos de las mujeres, incluyendo sus derechos a la vida y a la salud protegidos por la Constitución Colombiana y, por ejemplo, por la Convención Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Las medidas que el Estado puede tomar para proteger los intereses prenatales de manera compatible con los derechos constitucionales y humanos de las mujeres incluyen medidas para prevenir pérdidas recurrentes de gestaciones deseadas, la mejora del cuidado obstétrico prenatal y de emergencia, y esfuerzos para prevenir el matrimonio de niños con el fin de que las mujeres estén lo suficientemente maduras para ser capaces de dar a luz de manera segura.

Las sociedades han utilizado con frecuencia la gestación de una mujer para suspender sus derechos humanos. De hecho, en algunos países la legislatura y algunos tribunales siguen utilizando el embarazo de las mujeres como una oportunidad para subordinar los derechos de las mismas con el fin de demostrar su compromiso con la protección del mayor valor otorgado a la vida del nonato.

En contraste, la Corte Constitucional de Colombia demostró que toma seriamente los derechos de las mujeres embarazadas, enfatizando que deben protegerse sus derechos, incluyendo a las mujeres adolescentes, pobres, rurales e indígenas, y a las mujeres desplazadas por la violencia. Todas las mujeres son titulares plenas de sus derechos humanos, que incluyen sus derechos a:

• La dignidad, libertad y libre desarrollo de la persona individual,
• La salud, vida, integridad física y autonomía reproductiva, y
• La igualdad con los hombres.

Estos derechos constituyen los derechos reproductivos, y son protegidos por la Constitución Colombiana de 1991 y la adherencia de Colombia a los tratados internacionales y regionales de derechos humanos. La Corte adoptó los derechos reproductivos de las mujeres reconocidos internacionalmente y la definición internacional de salud reproductiva, reconocidos en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas en 1994, y reafirmada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas en 1995. La Corte invocó el derecho fundamental de todas las parejas e individuos de decidir libre y responsablemente el número, espaciamiento y momento de tener hijos, y de tener la información y medios para hacerlo.

La Corte explicó que las mujeres no pueden ser tratadas como “un instrumento reproductivo para la raza humana”, dado que debe garantizárseles respeto como agentes independientes de su propio destino. No pueden estar sometidas al requerimiento de autorización de terceras partes para acceder a servicios de salud reproductiva, tales como la autorización del esposo/pareja o padre. La Corte explicó que el trato digno a las mujeres incluye el respeto a su confidencialidad, que sería violado, por ejemplo, por las obligaciones legales o el criterio de los proveedores de salud de reportar evidencia vinculada al aborto a las autoridades públicas.

Se consideró también que los derechos de los proveedores de salud debían ser respetados, de manera que debía protegerse en la mayor medida posible la objeción de conciencia de los médicos a participar en procedimientos de aborto. Se señaló, sin embargo, que la objeción de conciencia es sólo un derecho de individuos, no de instituciones o del Estado mismo. En consecuencia, ni las instituciones de atención de salud ni el Estado pueden invocar alegatos de conciencia para negar la provisión de servicios de aborto legal. Más aún, los médicos objetores no pueden negar el derecho de sus pacientes mujeres a ejercer su propia conciencia para elegir un aborto legal, y deben inmediatamente derivarlas a otro médico no objetor dispuesto a realizar el procedimiento. El deber profesional trasciende la conciencia individual, de manera que los proveedores de salud aceptan, como un aspecto de su profesionalismo, que pueden participar en procedimientos a los cuales objetan. Este deber es el mismo de, por ejemplo, el caso de los bomberos que no pueden objetar ingresar a edificios en llamas, o el de oficiales de policía que pueden tener que proteger individuos y premisas de instituciones cuyo trabajo objetan por razones personales.

La Corte fue cuidadosa en asegurar que interpretaba la Constitución Colombiana de manera consistente con las obligaciones asumidas por el Estado en los tratados de derechos humanos, incluyendo su ratificación de tratados internacionales tales como la Convención por la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, La Corte señaló que criminalizar la atención de salud que sólo requieren las mujeres, tales como todos los servicios de aborto, es una violación del derecho a la no discriminación sexual según la CEDAW. Las altas tasas de mortalidad materna, como aquellas experimentadas por Colombia en una parte importante debido al aborto inseguro, son un claro indicio de que el Estado está descuidando la atención de la salud de las mujeres, descuido discriminatorio que está obligado a remediar. La Corte se basó en la CEDAW para llamar a la eliminación de todas las formas de discriminación de género que estereotipan a las mujeres en roles de reproducción y servicio, inhibiendo su habilidad para tomar decisiones libres e informadas sobre si formar una familia y cuándo hacerlo.

Más aún, la Corte invocó a la Convención sobre los Derechos del Niño, que define al niño como una persona menor de 18 años de edad. Por consiguiente, la Corte defendió los derechos de los padres, pero sujetos a la capacidad en desarrollo del niño o niña de tomar sus propias decisiones sobre el disfrute de sus derechos humanos, incluyendo el derecho a la salud, la vida, la integridad corporal y la autonomía reproductiva. La Corte, por lo tanto, declaró inconstitucional una disposición del Código Penal que penalizaba el aborto realizado a una mujer menor de 14 años, incluso con su consentimiento dado de manera competente.

La Corte se basó en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belén du Pará) para explicar que la prevención de la violencia sexual contra la mujer que da como resultado una gestación no deseada, y de la consiguiente exigencia de continuarlo, es responsabilidad de los estados. Ello, independientemente de si la violencia ha sido perpetrada por actores públicos o privados. Los estados tienen, mínimamente, la obligación de mitigar los efectos de la violencia sexual proporcionando servicios de aborto y otros servicios de salud que protejan a las mujeres de ser forzadas a mantener una gestación no deseada. En consecuencia, la Corte sostuvo que la provisión de servicios de aborto en caso de violación e incesto es un requerimiento constitucional. Se apoyó en la Convención Americana de Derechos Humanos para subrayar la naturaleza viva de los derechos y la importancia de la interpretación contextual de los tratados de derechos humanos y normas constitucionales.

Esta decisión de la Corte Constitucional de Colombia merece una amplia y seria atención. Establece un nuevo estándar para la jurisprudencia que respeta los derechos humanos de las mujeres. Las Cortes de Colombia y otras querrán considerar este razonamiento con mucho cuidado, así como la forma en que la Corte Constitucional de Colombia aplicó las obligaciones y jurisprudencia internacionales de derechos humanos para guiar dicho razonamiento.

Los gobiernos que consideran el uso de poderes punitivos necesitarán leer y releer esta decisión para asegurar que aplican los poderes punitivos del Estado sólo de manera compatible con la dignidad de las mujeres. El poder legislativo del Estado, soberano bajo el dominio de la ley, ya no podrá colocar restricciones desproporcionadas a los derechos humanos y constitucionales de las mujeres legalmente protegidas, incluyendo sus derechos reproductivos.

Esta publicación proporciona como ayuda extractos del fallo por mayoría de la Corte de 600 páginas tanto en inglés como en español. Women’s Link Worldwide facilita el acceso a esta decisión que constituye un hito.