Hacia una ética sexual de derechos y responsabilidades

Ruth Dixon-Mueller
Consultora, Grecia, Costa Rica. E-mail: dixonmueller@yahoo.com
Adrienne Germain
Presidenta de la Coalición Internacional por la Salud de las Mujeres, NY , EEUU
Beth Fredrick
Vicepresidenta Ejecutiva de la Coalición Internacional por la Salud de las Mujeres, NY , EEUU
Kate Bourned
Vicepresidenta de Política Internacional y Programas Regionales de la Coalición Internacional por la Salud de las Mujeres, NY, EEUU

Resumen: Los derechos sexuales como derechos humanos abarcan libertades individuales y derechos sociales. La realización de ambos depende de responsabilidades sociales de igual importancia por parte de particulares, parejas, familias, otras instituciones sociales y el Estado. El principio de que todas las personas deben comprender sus propios derechos y responsabilidades sexuales y respetar la igualdad de derechos de los demás, particularmente de las parejas sexuales, influye en nuestra interpretación de la base ética de los comportamientos sexuales. Proponemos un marco conceptual para definir la ética sexual de la igualdad de derechos y responsabilidades concernientes a cinco dimensiones del comportamiento sexual: 1) relaciones sexuales y el derecho de escoger su pareja; 2) expresión sexual y el derecho de buscar placer; 3) consecuencias sexuales y el derecho a la cooperación de la pareja; 4) daño sexual y el derecho a la protección; y 5) salud sexual y el derecho a la información, educación y servicios de salud. Sugerimos que los principios éticos aquí presentados concernientes a las parejas sexuales se incorporen en la educación sexual, los servicios de salud sexual y reproductiva y las políticas sociales destinadas a promover la salud y los derechos de cada persona independientemente de su sexo, estado civil, orientación sexual, religión, etnia y otras identidades personales o de grupo. © 2011 edición en español, 2009 edición en inglés, Reproductive Health Matters.

Palabras clave: derechos sexuales, responsabilidades sexuales, ética sexual, salud sexual, placer sexual

Se entiende que los “derechos sexuales” abarcan tanto las aplicaciones formales y como las no formales de los derechos humanos codificados en el ámbito de la sexualidad y las relaciones sexuales. Estas aplicaciones, que provienen de los principios básicos de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y de acuerdos internacionales posteriores, incluyen la re auto-determinación, la libertad de asociación y expresión, la libertad y seguridad de la persona, la no discriminación y la igualdad de trato ante la ley, el disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y la protección contra el trato cruel, inhumano o degradante.1   2   3 Los derechos sexuales se derivan también de los principios sobre igualdad de género, como se afirma en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 1979 y de otros documentos, y de los principios de la no discriminación basados en la orientación sexual y la identidad de género, como se propone en los Principios de Yogyakarta de 2007, entre otras fuentes.4   5   6 El reconocimiento de los derechos sexuales como derechos humanos es un elemento básico de la justicia social y del ejercicio de la ciudadanía plena para todas las personas.7   8   9

Las declaraciones sobre derechos sexuales de los organismos de las Naciones Unidas10   11 y las asambleas internacionales, las organizaciones no gubernamentales,12   13   14   15 así como de activistas e investigadores16   17   18   19   20   21   22   23   24   25 ofrecen una gama rica de perspectivas sobre la naturaleza de la libertad individual y los derechos sociales que son “reivindicados”. Pese a que en varias declaraciones, como la Declaración sobre Derechos Sexuales de la Federación Internacional de Planificación Familiar de 200815 y los Principios de Yogyakarta, 4 se resaltan las obligaciones del Estado y la sociedad civil en cuanto a crear condiciones sociales, económicas y legales habilitantes para el cumplimiento de los derechos del individuo, la mayoría hace poca mención a la función que desempeñan las responsabilidades individuales. No obstante, la realización de derechos sexuales es únicamente viable si todas las personas respetan la autonomía, la dignidad y la igualdad de derechos de los demás –especialmente de sus parejas sexuales– así como su propia integridad y autoestima.

Responsabilidades sexuales como ética sexual: cinco aplicaciones

En su afirmación pionera de los derechos sexuales de las mujeres por parte de los Estados Miembros de las Naciones Unidas en Beijing en 1995, la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer hizo dos menciones a las responsabilidades individuales:

“Los derechos humanos de las mujeres incluyen su derecho a decidir libre y responsablemente sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y a tener control respecto de estas cuestiones, sin verse sujetas a la coerción, la discriminación y la violencia. Las relaciones igualitarias entre la mujer y el hombre en el ámbito de las relaciones sexuales y la reproducción, incluido el pleno respeto a la integridad de la persona, exigen el respeto y el consentimiento recíprocos y compartir la responsabilidad del comportamiento sexual y sus consecuencias“ (Párrafo 96).

Asimismo, en una interpretación sobre derechos sexuales formulada por un grupo internacional de defensoras de la salud de las mujeres, quienes en la década de los noventa estuvieron comprometidas activamente en las conferencias de las Naciones Unidas sobre medio ambiente, derechos humanos, población y mujeres, se afirma lo siguiente:

“Los derechos sexuales se refieren a los derechos humanos de todas las personas respecto a la expresión libre y responsable de su sexualidad y su control sobre sus cuerpos. Ellos abarcan el derecho a vivir una sexualidad placentera, la cual es fundamental en sí misma y, al mismo tiempo, un importante medio de comunicación y amor entre las personas. Los derechos sexuales incluyen el derecho a la libertad y la autonomía en el ejercicio responsable
de la sexualidad.”16

Pese a éstas y otras menciones a la expresión sexual “libre y responsable”, la comunidad internacional que defiende los derechos sexuales se ha mostrado algo reticente a pronunciarse sobre lo que podría significar la expresión sexual “responsable”. Existen varias razones para ello y, sin duda, también para nuestra propia cautela a la hora de proponer tal aclaración. La primera de ellas está relacionada con un entorno político conservador en el que la libertad sexual se equipara a la irresponsabilidad sexual y acarrea fuertes condenas morales y jurídicas Sin embargo, en lugar de evitar el tema, consideramos que las y los defensores de los derechos sexuales deben reivindicar el concepto de responsabilidades y definirlo en el lenguaje del respeto a los derechos de los demás.

Una segunda inquietud se refiere a que, al parecer, la idea de que las parejas sexuales tienen o deberían tener igualdad de derechos y responsabilidades unas con otras pasa por alto la realidad de las jerarquías de poder que impiden a muchas personas –especialmente mujeres y minorías sexuales– disfrutar de su sexualidad sin riesgos. No obstante, todas las declaraciones de derechos humanos son afirmaciones de lo que deberían ser y no necesariamente de lo que son: un conjunto de ideales. Dado que los derechos sexuales son derechos humanos, sostenemos que una ética de igualdad de derechos, respeto y consentimiento recíprocos, y responsabilidades compartidas se aplica a todas las parejas sexuales, independientemente de su sexo, orientación sexual, identidad de género, estado civil y otras características de índole personal o social.

No se pretende afirmar que las directrices éticas propuestas en el presente documento sean jurídicamente exigibles en su totalidad, pero tampoco son simples interpretaciones ilusorias. Se proponen, más bien, como extensiones o aplicaciones lógicas de principios de derechos humanos más amplios para individuos y parejas en relación con cinco aspectos de la sexualidad y el comportamiento sexual, a saber: 1) las relaciones sexuales y el derecho a elegir la propia pareja; 2) la expresión sexual y el derecho al placer sexual; 3) las consecuencias sexuales y el derecho a la cooperación de la pareja; 4) daños de carácter sexual y el derecho a la protección, y 5) la salud sexual y el derecho a la información, la educación y los servicios. Los derechos y las responsabilidades mutuos de las parejas sexuales se describen en el marco de las obligaciones del Estado de proteger y cumplir con una gama de libertades individuales y derechos sociales pertinentes para cada uno de estos cinco aspectos.

• Las relaciones sexuales y el derecho a elegir la propia pareja

En los acuerdos oficiales de las Naciones Unidas, tales como el Pacto Internacional de Derechos es y Políticos de 1966 y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 1979, que son vinculantes para los Estados Partes, se afirma que toda persona mayor de edad tiene derecho (o la libertad) a contraer matrimonio y a fundar una familia. Además, los hombres y las mujeres tienen igualdad de derechos para elegir libremente a sus cónyuges y contraer matrimonio únicamente mediante consentimiento libre y pleno. Las declaraciones sobre los derechos sexuales procedentes de las organizaciones no gubernamentales y otras fuentes no oficiales extienden también los mismos derechos a la libertad de elección y el consentimiento a las relaciones fuera del matrimonio, y los mismos derechos conyugales y extra-conyugales a todas las personas, independientemente de su sexo, orientación sexual o identidad de género.

Las implicancias de estos principios para el ejercicio de los deberes individuales son claras. Dado que todas las personas tienen el derecho a rechazar una o todas las relaciones sexuales conyugales o extra-conyugales con otra persona, nadie tiene derecho a tener relaciones sexuales contra la voluntad de otra persona, ni de coaccionarla o intentar coaccionarla a que permanezca en esa relación sin su consentimiento. Por lo tanto, todas las personas tienen la responsabilidad de respetar la igualdad de derechos respecto a la libertad de elección y el consentimiento de su pareja o parejas y de otros integrantes de sus familias o comunidades. Asimismo, todas las personas tienen la obligación ética de no participar en prácticas ni aprobarlas si éstas obligan a dos personas a mantener relaciones sexuales maritales o no maritales cuando al menos una de ellas no lo desea, o si impiden a dos personas mayores a la edad de libre consentimiento a establecer una relación conyugal o extra-conyugal si así lo desean.

• La expresión sexual y el derecho al placer sexual

Según un grupo de trabajo convocado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), todas las personas tienen derecho al “disfrute de una vida sexual satisfactoria, segura y placentera”, libre de coacción, discriminación y violencia (el subrayado es nuestro)11. En muchas declaraciones no oficiales , el placer erótico es celebrado como un “derecho natural” que confiere a todas las personas –incluidos niños, adolescentes, adultos y ancianos– el derecho de conocer y valorar su propio cuerpo y de buscar placer en él, libre de información errónea, vergüenza, culpabilidad o burla.

Los principios de libertad sexual y derecho al placer sexual no otorgan a nadie el derecho de recibir o exigir satisfacción sexual de otros en contra de su voluntad, deseos o inclinaciones26. La libertad de elegir cuándo, con quién, cómo y si tener relaciones o encuentros sexuales, y de iniciar y responder a expresiones de deseo sexual conlleva la responsabilidad de respetar la integridad, privacidad y libertad de elección de la otra persona –incluso su derecho a negarse–, independientemente del tipo de relación. La ética sexual establece límites a la búsqueda del placer sexual, así como a su realización: una vida sexual placentera no puede ser garantizada.

El ejercicio de los derechos sexuales exige el consentimiento libre en un marco de elección recíproca en cada encuentro sexual. Esto significa que todas las personas son libres (es decir, deberían serlo) de rechazar o exigir poner fin a cualquier iniciativa, acto o práctica sexual en cualquier momento y en cualquier relación, incluyendo el matrimonio, el concubinato, las aventuras amorosas, las citas, los encuentros fortuitos y las transacciones sexuales comerciales, entre otras. Por otra parte, el consentimiento a una relación sexual o cualquier encuentro sexual en general, por muy corto que sea, no implica el consentimiento de todos los actos sexuales en esa relación. El número creciente de normas en varios Estados que reconocen como delitos la violación matrimonial, la violación durante citas y la violación de las y los trabajadores sexuales, al margen de los alegatos de los agresores en cuanto a sus derechos o al consentimiento implícito, avalan la legitimidad del derecho de los individuos para rechazar todo acto sexual, inclusive dentro de una relación bajo la cual se prevé o se podrían preveer encuentros sexuales.

• Consecuencias sexuales y el derecho a la cooperación de la pareja

En la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995 se afirma que las relaciones sexuales y la reproducción deberían estar basadas en “el respeto y el consentimiento recíprocos y la voluntad de asumir conjuntamente la responsabilidad de las consecuencias del comportamiento sexual”. En este caso, tanto las consecuencias positivas como negativas son significativas. La expresión sexual puede contribuir al fortalecimiento de los vínculos emocionales entre las parejas, o al dolor y la humillación; a la concepción y el nacimiento de un niño muy deseado, o a un embarazo no deseado o que ponga en peligro la vida de la mujer; a la salud física y el bienestar de los dos miembros de la pareja, o a la transmisión de uno a otro de una infección de transmisión sexual, incluido el VIH.

Por lo que respecta a la protección contra embarazos no deseados, desde la Declaración de Teherán aprobada en la Conferencia Internacional de Derechos Humanos de 1968, en los acuerdos de las Naciones Unidas se afirma que los individuos y parejas tienen el derecho a decidir en forma libre y responsable sobre el número de hijos que desean tener y el intervalo entre los nacimientos, así como a la información, educación y los medios para hacerlo. El derecho de todas las personas a la gama más completa posible de métodos anticonceptivos seguros, asequibles y aceptables y a la información y servicios adecuados se ha resaltado en muchas declaraciones internacionales, tales como el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de 1994, y constituye una obligación básica que el Estado debe asumir.

Si se garantiza a las personas el derecho a decidir “de forma libre y responsable” sobre si desean tener hijos, el número de éstos y en qué momento de sus vidas, nadie tiene, en consecuencia, el derecho de impedir a otro –incluida su pareja sexual– el uso de métodos anticonceptivos, o de coaccionar a otro a que use un método anticonceptivo en contra de su voluntad. Si ambos miembros de la pareja están de acuerdo en que hay que evitar la concepción, entonces cada cual tiene la responsabilidad ética de usar un método anticonceptivo o de cooperar con la pareja en su uso. En caso de concebir, la mujer tiene el derecho final de decidir sobre el resultado de su embarazo, puesto que su integridad física está en juego; además, no debería forzarse a ninguna mujer a interrumpir su embarazo o a llevar su embarazo a término contra su voluntad. Si los individuos y las parejas tienen derecho a la información, educación y los medios de regulación de la fecundidad, ningún individuo tiene, en consecuencia, el derecho de impedir a cualquier otra persona –ya sea una pareja sexual o cualquier otro miembro de la familia o comunidad– ejercer este derecho. Más bien, todas las personas tienen la responsabilidad ética de estar informadas, cuando sea posible, y asegurarse de que su pareja también lo esté.

Los servicios de planificación familiar pueden fomentar una ética de cooperación sexual al ofrecer asesoramiento periódico para parejas sobre prevención del embarazo y cuidados durante el mismo. La pandemia del VIH/SIDA ha suscitado serios conflictos en torno a los derechos y las responsabilidades sexuales relativas a la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual. El VIH plantea desafíos éticos concretos a individuos, parejas y gobiernos, debido a la dificultad de las personas en determinar su estado y el de su propia pareja, y también debido a las graves repercusiones personales, sociales, económicas y para la salud que trae consigo hacerlo en muchos países. Sin embargo, si todas las personas tienen el derecho de decidir sobre cuestiones relacionadas con su propia salud sexual y reproductiva –como se afirma en la Declaración de Beijing– entonces todas las personas tienen “la necesidad de conocer” el estado de salud de su pareja y el derecho de insistir en relaciones sexuales seguras (o en no tener ningún contacto sexual). Asimismo, todas las personas tienen la obligación ética de conocer su propio estado de salud e informar a su pareja o parejas sexuales al respecto, en reconocimiento de la necesidad de la pareja de estar informado y en virtud de la igualdad de derechos para poder tomar decisiones.27,28 En este sentido, la responsabilidad ética de un individuo de informar a su pareja sexual y evitar la transmisión del VIH puede rivalizar con su derecho a la privacidad. Abogamos porque el individuo conceda el mayor valor posible a la responsabilidad y, en caso necesario, busque ayuda para el proceso de divulgación, a sabiendas de que éste puede entrañar riesgos.

Todas las personas que tienen relaciones sexuales, ya sean encuentros fortuitos o compromisos a largo plazo, tienen el derecho de contar con la cooperación de sus parejas en lo que respecta al uso de condones masculinos o femeninos u otros métodos para prevenir la transmisión de infecciones de transmisión sexual o del VIH. Esto significa que todas las personas tienen la correspondiente obligación de utilizar un método preventivo o de cooperar para que su pareja lo haga en el caso de que exista riesgo de infección.

Los mismos principios de cooperación se a la obligación de apoyar plenamente la decisión de la pareja de realizar un diagnóstico o someterse a tratamiento de una infección de transmisión sexual o el VIH, así como de revelar su estado al respecto. Sin embargo, como en el caso de la prevención del embarazo, cada persona es –en última instancia– responsable de su propia protección cuando no se llega a un acuerdo mutuo favorable. Los proveedores de servicios de salud pueden propiciar una ética recíproca de derechos y responsabilidades, ofreciendo servicios de consejería periódicos a la pareja, pruebas de diagnóstico, oportunidades seguras para revelar mutuamente su estatus y tratamiento para la pareja, independientemente de su sexo, identidad de género y orientación sexual.

Con la finalidad de que individuos y parejas puedan ejercer sus derechos y responsabilidades a establecer su estatus vinculado a una infección de transmisión sexual o el VIH, y a protegerse y proteger a sus parejas, los gobiernos deben cumplir con su obligación de asegurar a todos el acceso a pruebas de diagnóstico voluntarias y confidenciales, así como a una consejería que brinde información integral sobre el VIH y otras infecciones de transmisión sexual, y el acceso a la información y los medios para la prevención y tratamiento. Los gobiernos y la sociedad civil tienen el deber de colaborar para eliminar el estigma, la discriminación y la violencia contra los que padecen el VIH y el SIDA, como lo tienen también los individuos con respecto a sus parejas sexuales y a otras personas en sus familias y comunidades. Aún queda mucho por hacer en términos de la formulación de las responsabilidades que competen a los actores estatales y no estatales, en condiciones muy lejanas a lo ideal, y en términos del involucramiento de múltiples grupos de interés, incluyendo a activistas a favor de la salud de la mujer y los derechos humanos, así como los esfuerzos de la comunidad internacional contra el sida.

• Daños de carácter sexual y el derecho a la libertad y a la seguridad personal

En la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 se afirma que todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad como persona, a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes ni a torturas. Estos derechos se han extendido a acuerdos de las Naciones Unidas, tales como la Declaración de Viena de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993 y la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, así como a declaraciones no formales para incluir cuestiones como la protección contra la violación sexual, la violencia sexual, la esclavitud sexual, el embarazo forzado, la mutilación genital femenina y otras formas de degradación y abusos.

El Estado puede ser responsabilizado por las violaciones contra los derechos sexuales que resulten de su acción o inacción directa e indirecta, comportando esta última el incumplimiento de proveer, hacer valer o proteger esos derechos. Entre las actividades directas del Estado se encuentran prácticas tales como el uso de la violación sexual como instrumento de guerra; la tortura sexual de prisioneros masculinos o femeninos consentida por el Estado; y políticas tales como la criminalización de ciertos tipos de relaciones sexuales consentidas (por ejemplo, la homosexualidad o el adulterio). Las acciones indirectas comprenden el incumplimiento del Estado de prevenir o procesar rigurosamente las violaciones de los derechos, tales como la violencia contra la mujer; el abuso sexual de niños o niñas; el comercio sexual; el matrimonio de niños; la violación (incluida, la violación matrimonial o la violación durante citas); los “delitos contra el honor” y prácticas conexas. Violaciones como estas son monitoreadas por los distintos comités de los tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas, mientras que otras todavía requieren ser clarificadas, legisladas y debidamente sancionadas.

El derecho a la libertad y la seguridad de la persona comprende la libertad de una opción sexual responsable y el derecho a la protección contra las lesiones corporales. Sugerimos que toda persona mayor a la edad del libre consentimiento tenga el derecho (o la libertad) de mantener relaciones sexuales con una pareja dispuesta o –incluso a cambio de pagos en efectivo, regalos u otras atenciones–, libre de la amenaza de discriminación, coacción, violencia, arresto o detención. No obstante, ninguna tercera persona (por ejemplo, un proxeneta o comerciante sexual) debería tener el derecho de exigir un pago por mostrar o usar el cuerpo de cualquier otra persona. Del mismo modo, pese a alegaciones contrarias conforme a la tradición en algunas culturas, 29 sostenemos que ningún individuo, familia, grupo de parentesco, clan o comunidad “posee” uerpo de otra persona o tiene el derecho de usar o abusar de él, venderlo o de disponer de él de cualquier otra forma. Por el contrario, todas las personas tienen la responsabilidad ética de no participar en prácticas que provoquen daños a sus parejas sexuales o a otros en sus familias y comunidades ni de tolerarlas, o que violen sus derechos a la integridad y seguridad en lo que respecta a su sexualidad.

• La salud sexual y el derecho a la información, la educación y los servicios

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como otros organismos y comités de las Naciones Unidas han afirmado que la salud sexual y reproductiva son elementos que forman parte del derecho de todas las personas al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.30 Como parte de su mandato general de respetar, proteger y realizar el derecho de todas las personas a la salud, los gobiernos son responsables de garantizar que la información, los servicios y las prestaciones de alta calidad en materia de salud sexual y reproductiva estén al alcance de todos, sin discriminación alguna. Se han seguido elaborando los derechos de los adolescentes en varios documentos. Por ejemplo, en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de 1994 se afirma que “se debe prestar plena atención a la promoción de relaciones de respeto mutuo e igualdad entre hombres y mujeres, y particularmente a las necesidades de los adolescentes en materia de enseñanza y de servicios con el fin de que puedan asumir su sexualidad de modo positivo y responsable.”31 En recomendaciones posteriores se ha instado a que se eliminen las barreras legales, regulatorias y sociales relativas a la información y al cuidado de los adolescentes; a que los servicios de salud respondan adecuadamente a las necesidades de los y las jóvenes adolescentes; a que se respeten los derechos a la privacidad, la confidencialidad y al consentimiento informado de los adolescentes, y se fomente la responsabilidad de los jóvenes respecto a su propia conducta sexual, así como la igualdad de género, la prevención de embarazos no deseados y tempranos, las infecciones de transmisión sexual y la violencia y el abuso sexual.

Dado que toda persona tiene el derecho de conseguir la información, la educación y los medios para poder tomar decisiones respecto a cuestiones relativas a su sexualidad, entre ellas, su salud sexual y reproductiva, se desprende que nadie tiene el derecho de censurar o impedir el acceso a otros de tal información o servicios. Por el contrario, todas las personas tienen la obligación positiva de conseguir la información, la educación y los medios para mejorar y proteger su propia salud sexual y sus derechos –cuando fuera posible– y de mejorar y proteger la salud y los derechos de sus parejas sexuales y cualquier otra persona, como los niños y los jóvenes adolescentes que están bajo su responsabilidad.

Conclusiones

El discurso global en materia de derechos sexuales refleja las contribuciones de organizaciones e individuos que representan los intereses de una gama de sectores. Entre quienes han contribuido al debate se encuentran los representantes de la comunida de salud reproductiva, entre ellos, activistas por la salud de la mujer y organizaciones de planificación familiar; investigadores en sexología y educadores sexuales; grupos feministas; organizaciones de derechos humanos; redes de jóvenes; asociaciones de personas viviendo con VIH; organizaciones de trabajadores sexuales, y coaliciones de personas de diversidad sexual. Cada uno de estos grupos de interés aporta cuestiones diversas al debate sobre políticas, y cada uno refleja perspectivas individuales así como condiciones políticas, económicas y socioculturales de determinadas regiones, países y comunidades sociales en el mundo.

El potencial para una colaboración constructiva para el avance de la agenda global de derechos sexuales es significativo. Pero también lo es la posibilidad de que se susciten desacuerdos sobre su contenido. Por ejemplo, los críticos difieren sobre el concepto de responsabilidad sexual. Algunos sostienen que es posible que las personas indefensas no puedan ejercer sus derechos o asumir sus responsabilidades sin poner en peligro su seguridad personal y, como resultado de la incapacidad de hacerlo, se termine “culpando a la víctima.”35   36   37

Otros temen que la obligación ética de comportarse de forma responsable se traduzca con demasiada facilidad en leyes que violan los derechos humanos. Más aún, a otros les preocupa que los comportamientos no regulados a través de normas sean arbitrariamente condenados como “irresponsables”, particularmente debido a que la defensa de los derechos sexuales ha enfrentado, en formas y grados distintos, la oposición a nivel internacional, nacional y local de fuerzas conservadoras para las cuales el concepto de derechos sexuales resulta muy amenazante, y para quienes el concepto de responsabilidad significa que los individuos deben ajustarse exclusivamente a códigos morales conservadores, a menudo punitivos.38   39   40

Con el fin de promover la igualdad sexual y la justicia social para todos, este documento se propone sentar una base común para el discurso sobre derechos sexuales, basado en el entendimiento de una ética sexual que englobe responsabilidades y derechos del individuo. Deben abordarse dos retos principales. Uno de ellos –ampliamente reconocido– es determinar un conjunto básico de libertades y derechos sexuales jurídicamente vinculantes y pasibles de hacerse cumplir como derechos humanos básicos, con la finalidad de negociar el lenguaje que se usará en los acuerdos internacionales y las leyes y políticas nacionales y locales. Estos derechos abarcan tanto la libertad frente al daño, como los derechos a la protección contra la discriminación, la violación sexual y otras formas de violencia sexual, acoso o abuso sexual, comercio sexual, y matrimonio forzado; asimismo, la libertad de decidir de manera voluntaria e informada en materia sexual.

Mientras la primera categoría exige imponer leyes y políticas destinadas a la prevención y la sanción de violaciones que con frecuencia quedan impunes, la última requiere la eliminación de leyes y prácticas que violan la capacidad del individuo de decidir, en forma libre y responsable, sobre cuestiones relacionadas con su sexualidad y salud sexual. Ambas están relacionadas con las obligaciones de los gobiernos de crear, en la medida de lo posible, un entorno seguro y sin riesgos para sus ciudadanos, sobre la base de una protección de derechos humanos eficaz. El Estado tiene la obligación de crear un marco normativo para la protección de todas las personas contra el agravio sexual y de garantizar su libertad sexual, independientemente del género, estado civil, orientación sexual, edad, raza, nacionalidad y otras identidades y características sociales. Además, el Estado tiene la obligación de reconocer que toda persona tiene el derecho de conocer y ejercer sus derechos sexuales, recibir información y servicios en materia de salud sexual, y a disfrutar de igualdad de beneficios y protección legal.

El segundo reto, que se encuentra fuera del ámbito de los aspectos jurídicamente exigibles en materia de derechos sexuales, implica la transformación de un abanico de actitudes, creencias, prejuicios y comportamientos relativos a la sexualidad, las relaciones sexuales y el género, que puede enfrentarse mejor desde una perspectiva ética basada en los derechos. Los debates sobre políticas y las inversiones programáticas deben hacer hincapié – con carácter de urgencia– en los principios éticos de igualdad de derechos, respeto y consentimiento recíprocos y responsabilidades compartidas, como componentes de los derechos de toda persona de decidir, en forma libre y responsable, sobre cuestiones relativas a su sexualidad, entre ellas, su salud sexual y reproductiva, libres de coerción, discriminación y violencia. Niños y hombres necesitan particularmente entender cuáles son sus responsabilidades, a fin de respetar los derechos a la libertad de elección, el placer y la protección de sus parejas sexuales; las niñas y las mujeres necesitan sobre todo entender y ejercer sus propios derechos.41

Debe encontrarse un equilibrio entre los derechos y las responsabilidades. Sugerimos que estas directrices éticas se promuevan como expectativas normativas con relación a todas las formas de asociación sexual en programas como la educación sexual para jóvenes, la consejería y diagnóstico de VIH, la asesoría y servicios de métodos anticonceptivos, y mensajes de educación pública que promuevan una visión basada en los derechos de la sexualidad, las relaciones sexuales y la igualdad de género.

Reconocimiento
La autora agradece a Susanna J Smith de IWHC por su asistencia en la preparación de este artículo.

Referencias