Sexualidad y derechos de la adolescencia en Chile: de la negación al castigo

Lidia Casas
Profesora Asociada, Escuela de Derecho, Universidad Diego Portales, Santiago, Chile. E-mail: lidia.casas@udp.cl
Claudia Ahumada
Coordinadora de la Campaña de la Mujer, Campaña Mundial contra el Sida, Ámsterdam, Holanda

Resumen: Aunque Chile se ve a sí mismo como un país que ha restablecido plenamente los derechos humanos desde que se reinstauró la democracia en 1990, aún no se realizan los derechos de la adolescencia a la educación sexual completa. En este artículo se revisa la historia reciente de la educación sexual en Chile y la legislación, políticas y programas relacionados. También se informasobre unestudio de 2008 de los reglamentos de 189 escuelas chilenas seleccionadas al azar, donde se encontró que aunque dichos reglamentos son obligatorios, la ausencia de reglamentos para evitar la discriminación por motivos de embarazo, VIH y sexualidad era común. En cuanto a la forma en que se trata el comportamiento sexual y la disciplina, los reglamentos que no cumplían con la ley eran muy comunes. La oposición a la educación sexual en las escuelas de Chile se basa en la negación de la sexualidad de los adolescentes, y muchas escuelas castigan el comportamiento sexual cuando se percibe que ha ocurrido transgresión. Aunque la sociedad chilena en general se ha movido hacia un mayor reconocimiento de la autonomía individual y la diversidad sexual, aún falta reflejar esta transición cultural en la agenda política del gobierno, pese a las buenas intenciones. En vista de esta situación, el sistema de gobierno chileno debe reconocer que su juventud tiene derechos humanos; de lo contrario, continuará fracasando en su compromiso a estos. © 2011 edición en español, 2009 edición en inglés, Reproductive Health Matters.

Palabras clave: Adolescentes y jóvenes, derechos humanos, educación sexual, leyes y políticas, Chile

Chile es un país de marcados contrastes. Aunque las medidas adoptadas de manera gradual en el ámbito de la atención de salud han permitido reducir las tasas de morbilidad y mortalidad materna al nivel de los países industrializados1 y cerca del 99% de los partos ocurren en establecimientos de salud,2 la tasa de natalidad en la adolescencia sigue representando casi el 15% de los nacimientos inscritos a nivel nacional.3 La información de salud pública disponible muestra una relación inversamente proporcional entre la clase social y la tasa de nacidos vivos en mujeres menores de 19 años, la misma que aumenta a medida que disminuye el estatus socioeconómico. 4 La tasa de natalidad adolescente en las áreas más acomodadas de Santiago, la capital del país, representa menos del 4% de todos los nacimientos,5 similar a las tasas de Holanda, Noruega y Suecia. Las comunas más desfavorecidas presentan tasas de 10–20%, a nivel de Colombia y República Dominicana, mientras que en las áreas más pobres, más del 20% de todos los nacimientos corresponden a madres adolescentes, tasa similar a la de países africanos como Ghana.6

Lo anterior refleja una significativa contradicción en la sociedad chilena: la abundancia al lado de la carencia.7  8 La preocupación estatal por el embarazo adolescente data de la década de 1960, cuando el gobierno creó el Comité de Vida Familiar y Educación Sexual dependiente del Ministerio de Educación. En 1972 el gobierno lanzó un programa de educación sexual integral, sólo para verlo desaparecer luego del golpe militar el 11 de setiembre de 1973.9

El retorno a la democracia en 1990 generó grandes expectativas respecto a las posibilidades de gozar de un nuevo clima cultural y político. Aunque Chile se ve a sí mismo como un país que desde 1990 ha restablecido completamente los derechos humanos, las políticas, programas y el discurso público sobre salud sexual y reproductiva carece de un enfoque consistente de derechos y género.

Metodología

Este artículo examina algunos de los factores que condujeron a la difícil situación que enfrenta la educación sexual en Chile en la actualidad. El artículo revisa la historia reciente de la educación sexual en este país y las leyes, políticas y programas relacionados, con particular atención a su impacto en los derechos de los y las adolescentes. Se analiza documentos oficiales, incluyendo leyes, mociones presentadas en el Congreso Chileno y documentos del Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de Estadísticas, documentación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), informes de derechos humanos y artículos académicos, casos presentados a la Corte de Apelaciones de Santiago en 2004 y 2006, un caso presentado al Tribunal Constitucional de Chile en 2008 e informes periodísticos de los dos principales diarios chilenos, El Mercurio y La Nación, relacionados con la educación sexual y la sexualidad adolescente.

En este contexto, presentamos un estudio sobre los reglamentos de las escuelas de la región metropolitana de Santiago realizado en el año 2008,10 para determinar si dichos reglamentos eran congruentes con las leyes nacionales e internacionales de derechos humanos, así como sus principales fortalezas y debilidades. La metodología consistió en el análisis de los reglamentos de una muestra al azar de 250 escuelas (22% del total de departamentos educacionales seleccionados). La muestra final incluyó los reglamentos de 189 escuelas; las otras 61 no proporcionaron sus reglamentos. Finalmente, se realizó entrevistas semi-estructuradas con directores, profesores, padres y estudiantes representativos de siete escuelas.

Una sociedad con doble moral

Shallat, Blofield y Shepard caracterizan a Chile como una sociedad con una manifiesta doble moral. 11  12  13 El sexo y la sexualidad están por doquier y se utilizan para vender cerveza, automóviles y desodorantes. Existe una tensión entre el gobierno, que ha intentado dar algunos pasos para apoyar el bienestar adolescente a través de campañas sobre el condón e iniciativas de educación sexual impulsadas por ONG, y las élites políticas y sociales, que intentan evitar que estos esfuerzos den frutos. Dichas élites están compuestas, entre otros, por figuras políticas de derecha, incluyendo a parlamentarios, funcionarios municipales y líderes religiosos católicos, que lograron una de sus primeras victorias en 1997, cuando la Corte Suprema se negó a obligar a que dos estaciones de televisión, una de ellas de la Universidad Católica, difundieran spots del Ministerio de Salud sobre prevención del VIH y uso del condón.14 En 2003, la respuesta de las autoridades municipales de derecha a las campañas de prevención de las ITS y embarazos no deseados fue multar a los trabajadores de salud de ONG que distribuían condones gratuitos en los balnearios chilenos. El obispo local, Jorge Medina, hoy funcionario del Vaticano, dijo en alusión a estos trabajadores, que el diablo utiliza muchos disfraces.15

En 2006, dos alcaldes impugnaron las normas técnicas de planificación familiar en la corte con el argumento de que los padres debían estar informados sobre la actividad sexual de sus hijos, y que permitir que se prescribiera la anticoncepción de emergencia sin su conocimiento afectaba su derecho constitucional a educar a sus hijos.16

Como resultado de esta iniciativa, el Tribunal Constitucional prohibió la anticoncepción de emergencia en el sistema de salud público,17 la misma que está disponible en el sistema de salud privado y las farmacias. Estas fuerzas enfrentan con uñas y dientes cada esfuerzo por integrar la educación sexual al currículo escolar. Desde 1990, sin embargo, no ha existido en los gobiernos chilenos la voluntad política por abordar cuestiones que pueden generar protestas en la oposición y el clero y ocasionar fisuras en la coalición. Esto no significa que no se haya avanzado, mientras la oposición obstaculiza cada paso.

La forma como se aborda la sexualidad adolescente está directamente relacionada con la ética, valores, costumbres y actitudes hacia el sexo que prevalecen en el mundo adulto. Los y las adolescentes no sólo deben enfrentar restricciones en la información que reciben en el hogar, sino que dependen de los proveedores de salud para recibir servicios de salud sexual y reproductiva. Tanto el discurso público como la implementación de las políticas muestran la enorme brecha que existe entre las percepciones poco realistas de los adultos sobre los adolescentes como seres célibes o asexuados, y sus necesidades reales y derechos. Aun cuando se reconoce la sexualidad adolescente, quienes diseñan las políticas y la sociedad tienden a verla como problemática,10  18 como si los adolescentes necesitaran ser protegidos de sí mismos.

Por ejemplo, en 2004 se modificó la ley chilena sobre estupro con el fin de otorgar mayor protección a los adolescentes más jóvenes, aunque esta modificación fue seguida por una política que establecía la obligación legal de que profesionales de salud y profesores informaran sobre cualquier adolescente menor de 14 años sexualmente activo o que solicitara anticonceptivos. Esto condujo tanto a un rechazo a proveer servicios, como a que se informara a las autoridades a las adolescentes activas y al rechazo a cumplir con la obligación de reportar, a riesgo de recibir una sanción.19  20

Una historia de los programas de educación sexual

La actual estructura y marco legal del sistema educativo chileno (gestión de las escuelas públicas a cargo de los gobiernos locales y subsidio a las escuelas gestionadas privadamente y con subsidio público) son un legado de la dictadura de Pinochet, regidos por la Ley Orgánica de Educación promulgada furtivamente en marzo 1990, en las últimas horas del régimen pinochetista. Aunque la política pública es competencia del Ejecutivo y es objeto de debate político, la reforma legislativa requiere de la aprobación del Congreso.21 La naturaleza cuasi-constitucional de la Ley requiere para su enmienda una mayoría de 4/7 en ambas cámaras; por lo tanto, todos los cambios han estado sujetos a una negociación dramáticamente lenta, en su mayor parte con antiguos partidarios de Pinochet y miembros conservadores del Congreso.

Después de 1990 Chile ratificó la mayor parte de instrumentos internacionales de derechos humanos, incluyendo la Convención sobre los Derechos del Niño, las ONG y las instituciones académicas demandaron políticas que abordaran las altas tasas de embarazo adolescente e infección por VIH. En 1991, el Ejecutivo convocó a una Comisión para proponer una reforma política importante en el tema de educación sexual, finalmente adoptada dos años después. La nueva política proporcionó un marco que tomó plenamente en cuenta los intereses de directores, administradores, profesores, padres y religiosos 22 pero dejó los contenidos a la comunidad escolar –un mecanismo diseñado para evitar marcadas diferencias políticas y visiones abiertamente conflictivas. Basada en la premisa de la importancia de la educación sexual para niños y adolescentes, y el rol fundamental de las familias en impartirla, afirmaba que las escuelas debían diseñar sus propios programas con participación de los padres. 22 La incapacidad de la Comisión de llegar a un consenso dejó abierta la posibilidad de que los padres no aceptaran que sus hijos participen de la educación sexual. La Comisión declaró oficialmente que la libertad de pensamiento y la autonomía de la escuela eran fundamentales para las políticas públicas en temas controversiales como la sexualidad:

“Considerando que… resulta imposible encontrar modo [sic] de estructurar un discurso único que pueda ser incorporado al currículum escolar, se requiere de un mecanismo que permita descentralizar las decisiones sobre aspectos en que existan normas, valores y creencias diversas.” 22

JOCAS: conversaciones sobre las relaciones y la sexualidad

Para los expertos en el área y para los defensores de la educación sexual, este resultado era una victoria parcial: significaba una implementación al menos parcial de la educación sexual, y una base para acciones posteriores. Sin embargo, no fue sino hasta dos años después que un proyecto piloto apoyado por UNFPA, el Ministerio de Educación y otras agencias gubernamentales empezó a trabajar las JOCAS (Jornadas de Conversación sobre Afectividad y Sexualidad), un programa que consiste en talleres de tres días de duración para estudiantes, padres y profesores.23 Se trata de un evento masivo, donde se convoca a todos los participantes a trabajar en grupos pequeños en sesiones de 90 minutos durante tres días. Al final del proceso, se esperaba que la escuela y el resto de la comunidad hubieran identificado las necesidades y fortalezas para integrar la sexualidad y el tema de las relaciones al currículo escolar. 24

Luego de que en 1995 se aplicara un piloto en cinco escuelas,23 las JOCAS fueron introducidas de manera más amplia en 1996. Como resultado, se generó una fuerte protesta de la jerarquía Católica que declaró que la iniciativa “carecía de valores morales” y alegó que la sexualidad era un asunto privado que debía ser dejado a las familias. 23 Tanto la incondicional Federación de Colegios Católicos Privados como la oposición se convirtieron también en críticos acérrimos.25 El Ministerio se mantuvo en la iniciativa, esperando que, con el tiempo, las JOCAS ganaran popularidad y las comunidades escolares empezaran a desarrollar el currículo.24 Sin embargo, para 1999, menos del 37% de todas las escuelas con financiamiento público lo habían hecho.23

En el momento en que se volvió a iniciar las JOCAS como iniciativa ministerial conjunta, a finales de 2000, resurgió la oposición de la Iglesia y la Federación de Colegios Católicos. Alegaron que las JOCAS enfatizaban fundamentalmente criterios de salud y no valores o buenas costumbres.25 El programa fue suspendido luego de una protesta contra una charla dada en una escuela sobre el uso del condón, en la que se utilizó un plátano con fines demostrativos.26 El Ministro de Educación señaló que sólo los consultorios de atención primaria brindarían educación sobre métodos anticonceptivos, no así las escuelas.25 A fines de noviembre de 2001, el gobierno abandonó las JOCAS como iniciativa oficial, debido a las presiones de políticos de derecha y líderes de la iglesia Católica.

El portavoz de los Colegios Católicos insistió en que el programa de educación sexual legitimaba el sexo irresponsable e inmaduro entre menores, tal como se impartía desde los Ministerios de Educación y Salud y el Servicio Nacional de la Mujer. Los medios informaron que el programa, previsto para ser iniciado en ocho municipalidades, estaba paralizado debido a la oposición de la Iglesia. El proyecto piloto se implementó y a pesar de las demandas de la sociedad civil, los resultados no fueron revelados sino parcialmente más de cinco años después.26 Según dichos resultados, el 85% de los estudiantes consideraba haber aprendido con las JOCAS y valoraba el espacio de apertura para discutir sobre la sexualidad, mientras que el 75% de docentes señaló que las JOCAS habían fortalecido la relación con sus alumnos.26

Las JOCAS se recuerdan aún como una experiencia importante en términos de integración de la educación sexual a las escuelas. Fueron muy populares, tanto que algunas escuelas continúan aplicando el modelo hasta hoy. Su alcance era nacional y eran únicas en el sentido que su dinámica descansaba exclusivamente en los participantes. Eran consideradas democráticas y atractivas para su público destinatario. Su debilidad radicaba en haber sido concebidas como una serie de “eventos” consecutivos, que requerían de continuidad para satisfacer las necesidades de los jóvenes en el sistema educativo.9 Los orientadores de las escuelas, directores y administradores entrevistados por el Ministerio de Educación en 2004 señalaron que aunque las JOCAS eran productivas, su impulso se perdió debido a la falta de continuidad.27

En la actualidad, la mayoría de escuelas privadas cuenta con algún tipo de programa de educación sexual, aunque no ocurre lo mismo con las escuelas con financiamiento estatal (tanto municipales como aquellas particulares subvencionadas). Adicionalmente, menos del 10% de los profesores han adquirido las habilidades necesarias para abordar el tema de la sexualidad en el aula.8 Se han dado algunas iniciativas aisladas, sin la continuidad necesaria para lograr su institucionalización. Se pasó la antorcha a una variedad de programas académicos y de ONG, que van desde la provisión de servicios de anticoncepción e ITS a adolescentes hasta la promoción de la abstinencia.9,28  29  30

En estas circunstancias, un popular programa radial de alcance nacional lanzado en 1996 que recibe llamadas del público se convirtió en una destacada fuente de información sobre sexualidad para adolescentes y jóvenes.31 El genial conductor del programa consiguió el éxito que las políticas públicas no lograron, haciendo que la juventud chilena hablara libremente y sin reservas sobre la sexualidad.

El cambio cultural subyacente que fue catalizado por la recuperación de la democracia también resultó evidente en otros espacios. Por ejemplo, la edición dominical de un tabloide conocido por poner en su portada fotos de mujeres con muy poca ropa inició una sección Vida afectiva y Salud 8 que absuelve preguntas de sus lectores, en su mayoría de clase trabajadora, con respuestas a cargo de destacados especialistas en salud sexual y reproductiva. Curiosamente, las preguntas del grupo entre 11 y 19 años pueden clasificarse fundamentalmente en cinco áreas: relaciones sexuales (incluyendo sexo anal y oral), anatomía y genitales, embarazo adolescente, homosexualidad e ITS, y masturbación. El estudio del Ministerio de Educación realizado en 2004 reveló que la televisión era la fuente principal de información sobre sexualidad para más del 60% de estudiantes. 27 Preocupada por este giro de los acontecimientos, la agencia conservadora Chile Unido que trabaja en temas de familia y contra el aborto, realizó una exitosa labor de incidencia para lograr que los dueños del tabloide les permitieran proporcionar una perspectiva conservadora sobre estos temas. Persiste una urgente necesidad de información integral y exacta para los adolescentes. 8 Mientras tanto, el Ministerio de Educación tuvo que archivar una publicación para padres elaborada en el marco de una campaña de educación sexual luego que sus contenidos sobre masturbación fueran considerados ofensivos.1

Un nuevo intento de lograr una política de educación sexual

Con el fin de mostrar los avances, Shepard utilizó la analogía del vaso medio lleno versus el vaso medio vacío para evaluar las JOCAS y el programa de educación sexual.13 Aunque coincidimos con esta perspectiva, las expectativas sobre la administración Lagos y Bachelet en esta materia han sido particularmente altas. Sin embargo, es posible que los avances en algunos temas, como en el caso de la sexualidad, resulten rezagados aun dentro de gobiernos progresistas.

En 2004 el Ministerio de Educación del gobierno de Lagos convocó a una Comisión para revisar el estado de situación a partir del año 1993, en el que se aprobó la Política de Educación Sexual. Entre sus miembros, se encontraban docentes, padres, directores, estudiantes y expertos en educación sexual y otros campos (incluyendo a Casas, autora de este artículo). La Comisión encontró que las comunidades mostraban una frustración acumulada por los fracasos del gobierno en este tema en la década previa. Por otro lado, los sectores conservadores advirtieron a la Comisión que no introdujera la educación sexual obligatoria en las escuelas, argumentando que la Constitución protegía la libertad de educación e impedía que el gobierno modificara la ley o la política.

La Comisión encontró que aun cuando se afirmaba que la política aprobada en 1993 se basaba en los derechos humanos, no había ninguna mención a los derechos del niño. Se describía extensamente los derechos y obligaciones de los padres, pero no se enfatizaba en la importancia de desarrollar habilidades en los y las adolescentes para proteger su salud e integridad física. Dado que Chile había ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño sólo algunos años antes, era posible argumentar que quienes diseñaron la política de 1993 no comprendían en profundidad sus implicancias. La nueva Comisión señaló que era fundamental que los cambios de política estuvieran alineados con la Convención y con todos los instrumentos de derechos humanos en materia de educación sexual.27

El consenso procedimental de 1993 se basó en la premisa de que debía involucrarse a los padres y la familia, aunque esto escasamente ocurrió. Un estudio del Ministerio de Educación realizado en 2005 encontró que menos de una tercera parte de las escuelas privadas había invitado a los padres a talleres de sexualidad. En el caso de las escuelas públicas a cargo de los gobiernos locales, esta cifra no alcanzaba el 12%.27 A menos que se les presionara, la mayoría de escuelas era a todas luces renuente a abordar este tipo de temas. Los estudios y testimonios dados a la Comisión evidenciaron que la mayoría de docentes carecía de las habilidades y los materiales educativos requeridos para brindar educación sexual, y que era necesario mucho trabajo y mucha energía para cambiar esta situación.

En 2005, para concluir, la Comisión hizo un llamado a que se respeten las diversas perspectivas con relación a la sexualidad y a que el gobierno intervenga en los casos en que las familias no brinden suficiente información o apoyo. Propuso un plan quinquenal para que las escuelas desarrollaran una nueva curricula de educación sexual, empezando en 2005.32 Sin embargo, el Ministro de Educación del gobierno entrante de Bachelet redujo su prioridad y retiró el financiamiento. Un activista se refirió a este giro de los acontecimientos como “el fin de la educación sexual en las escuelas chilenas”. 33

La carencia de reglamentos vinculantes sobre temas de sexualidad en las escuelas

Los reglamentos escolares, obligatorios por ley, son códigos internos que establecen los principios rectores y reglas de una escuela en materia disciplinaria, vestimenta y puntualidad, y en general regulan el comportamiento estudiantil. Aunque debieran ser formulados en colaboración con la comunidad educativa en su conjunto, en la práctica son establecidos por la administración con escaso aporte de los padres o estudiantes.

En el año 2000, se aprobó una legislación que prohibía la discriminación contra estudiantes embarazadas o con hijos, permitiendo flexibilidad en la asistencia al colegio 34 y estableciendo castigos para los colegios que incumplían esta norma. Prohibía también expulsar a los estudiantes durante el año escolar por no haber pagado la matrícula y exigía que las escuelas con financiamiento estatal reclutaran al menos 15% de sus estudiantes entre grupos denominados vulnerables.35 Estos cambios buscaban cumplir con la Convención sobre los Derechos del Niño.

En efecto, el Ministerio de Educación venía luchando contra la discriminación por razones de sexo y género, incluyendo la expulsión por causa del embarazo, desde el año 1991, cuando emitió por primera vez directrices respecto a las estudiantes embarazadas. Según el estudio realizado por el Ministerio de Educación en 2004, 90% de padres, 82% de estudiantes y 75% de docentes consideraban que no debía discriminarse a las estudiantes embarazadas.27 En 2004, una norma administrativa obligaba a otorgar licencia por maternidad antes y después del parto para ayudar a que las estudiantes permanecieran en el colegio.36 Adicionalmente, una ley dada en 2000 y 2001 prohibía la discriminación contra las estudiantes embarazadas y también hacia aquellas y aquellos estudiantesVIH positivos,34  37 y el Ministerio formuló directrices para apoyar la permanencia de niños/as y adolescentes afectados por el VIH.

En el año 2007, UNICEF y el Ministerio de Educación encargaron un estudio de los reglamentos de las escuelas, la discriminación y el debido proceso 10 para determinar si dichos reglamentos eran compatibles con la ley chilena y los derechos humanos, cómo eran elaborados y aplicados y si las sanciones tenían propósitos educativos. Los reglamentos que examinamos podían clasificarse en tres categorías: compatibles (cumplían con los requerimientos legales, aún si fuera sólo mínima o formalmente), no compatibles (no consistentes con la ley), o no contemplados en absoluto. Aunque la mayoría de reglamentos parecían ser compatibles, la cantidad de reglas no compatibles y asuntos omitidos era significativa y objeto de preocupación (Tabla 1). Muchos reglamentos equivocaban los procedimientos para imponer sanciones, al tiempo que regulaban de manera extrema otros aspectos, por ejemplo, las normas de vestimenta respecto al piercing, el largo del cabello, el estilo y color de la ropa, y los accesorios.

Tabla 1. Nivel de compatibilidad (%) con la ley de los reglamentos escolares (n=189 escuelas)

La Tabla 1 muestra que la ausencia de reglamentos sobre embarazo, VIH, y sexualidad y discriminación es mucho mayor que los reglamentos compatibles o no compatibles. Se evidencia también un incumplimiento muy alto con relación al abordaje del comportamiento y la disciplina en el ámbito de la sexualidad.

Alrededor del 80% de los reglamentos de las escuelas no mencionaba el embarazo o el VIH y más del 60% ignoraba el comportamiento sexual. El único aspecto que los reglamentos compatibles mencionaban explícitamente era el embarazo. Parecía existir un alto nivel de conciencia sobre la discriminación por causa del embarazo, y todos los entrevistados señalaron que los reglamentos de sus escuelas habían sido adaptados a la nueva legislación. Un director reconoció que aunque la disposición del Ministerio de Educación de no expulsar a estudiantes embarazadas databa de 1991, en la práctica los reglamentos de su escuela fueron adaptados sólo después del año 2000. En todos los casos en que se encontró reglamentos compatibles, las normas se basaban en las regulaciones sobre licencia por maternidad contemplada en el derecho laboral de 2004.36 Estas incluían: no es obligatorio que las estudiantes asistan a clase a partir del séptimo mes de embarazo. Deben asistir una vez por semana para recoger y dejar sus tareas y rendir sus exámenes, y volver al colegio tres meses después del parto. Una escuela extendió el periodo de licencia por maternidad, argumentando que no contaba con la infraestructura necesaria para albergar a las estudiantes embarazadas y que no deseaba que se le hiciera responsable en caso de problemas.

Se encontró que las normas sobre la sexualidad eran inconsistentes con los derechos a la privacidad (37.5%), en tanto prohibían las expresiones de afecto, normando los lugares en los que las parejas podían encontrarse y cuál debía ser su comportamiento, incluso fuera de la escuela y en su tiempo libre. Según los funcionarios de la escuela, estas normas buscaban asegurar que los estudiantes no consideraran a la escuela como “un parque público o una sala de un hogar”. En las escuelas mixtas se permitía por lo general que los alumnos tuvieran citas pero no “las expresiones excesivas de afecto”. Por momentos, los códigos escolares utilizaban un lenguaje obsoleto o confuso para los estándares de la mayoría de jóvenes. Por ejemplo, algunas escuelas prohibían los comportamientos “contrarios a la moral y las buenas costumbres”, lo que era interpretado por algunos funcionarios escolares como besarse y acariciarse y por otros como tener relaciones sexuales dentro de las instalaciones. Una de las escuelas incluso prohibía el tener citas o el acariciarse dentro de un radio establecido cercano a la escuela.

En el estudio realizado por el Ministerio de Educación en el año 2004, el 79% de los estudiantes y el 81% de los docentes consideraban que no debía forzarse a homosexuales y lesbianas a mantener su orientación sexual en secreto. 27 Aunque la mayoría de escuelas contaba con normas laborales o tácitas sobre la orientación sexual –desde la tolerancia siempre que no hubiera “expresiones de homosexualidad” públicas hasta la afirmación de que “ésta no ocurría”, las entrevistas mostraron un amplio espectro de actitudes hacia la homosexualidad. Aunque todos los estudiantes entrevistados señalaron conocer compañeros homosexuales y lesbianas, los directores y docentes no siempre compartían esta percepción. Con frecuencia, los estudiantes respondían que no había hostigamiento contra los homosexuales y lesbianas si eran discretos. Un director argumentó que no debían pedirle que aceptara lo que la sociedad no aceptaba; otros no tenían conciencia de la existencia de estudiantes homosexuales o lesbianas en sus escuelas. En nuestro estudio, tanto estudiantes como padres reconocieron que existían casos de expulsión de estudiantes debido a su orientación sexual, y que la cultura escolar los obligaba a permanecer “en el closet”.

Estos hallazgos ilustran las dificultades que enfrentan las escuelas chilenas para reconocer a niños y adolescentes como individuos sexuales sujetos de derechos. La sociedad chilena ha avanzado hacia una mayor tolerancia y conciencia de la diversidad, que incluye el ámbito de la sexualidad. Nuestras entrevistas, particularmente en el caso de estudiantes, dan testimonio de su conciencia sobre estos temas.10 Sin embargo, gran parte de los adultos aún no reconoce ni aprecia esta diversidad en la misma medida.

Actitud punitiva hacia la sexualidad

Estos hallazgos muestran una actitud punitiva o de negación de la sexualidad en los entornos educativos chilenos. La falta de reglamentos y la existencia de reglamentos no compatibles evidencian que los y las adolescentes no son reconocidos como sujetos de derechos, lo que genera controversia cuando se trata de la sexualidad. A nivel judicial, la sexualidad es vista a través de un lente moral, y es restringida a los adultos, como evidenció un litigio contra una estación de televisión chilena que mostraba adolescentes en un juego de “striptease cultural”, donde éstos bailaban de manera sugerente y debían quitarse prendas de vestir.38

La Corte dictaminó que el segmento era objetable debido a que “invita a menores de edad a comportamientos claramente más apropiados para los adultos. El programa transmite la idea de que la sexualidad está desvinculada del afecto, y promueve un descubrimiento precoz de una realidad aún desconocida para ellos, que no contribuye al desarrollo espiritual e intelectual de niños y jóvenes. Los medios de comunicación tienen una misión fundamental en este tema, especialmente la televisión, debido a su gran impacto.” 38

Durante años, la televisión chilena ha informado sobre la expulsión de estudiantes de las escuelas por comportamientos relacionados con la sexualidad. Las adolescentes son discriminadas por causa del embarazo o por vestir un atuendo que se considera atentatorio contra los “valores morales”. Incluso cuando el caso es llevado a la corte, no siempre reciben protección frente a las normas discriminatorias. Las escuelas argumentan que padres y estudiantes están obligados a cumplir el reglamento interno y no deben reclamar por los procedimientos o castigos impuestos. 39

Las escuelas aún tienden a reaccionar con consternación cada vez que emerge la sexualidad estudiantil. En los últimos años, varios estudiantes homosexuales o lesbianas han salido a la luz llevando su caso a la corte, realizando marchas o apareciendo en los medios para exigir que el Ministerio de Educación tome medidas contra la discriminación en su escuela. En 2005 se formó una Brigada de Estudiantes Gay y Lesbianas de Secundaria para acabar con la discriminación en el sistema educativo, colectivo auspiciado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual. 40 Estas iniciativas han tenido un grado variable de éxito. Por ejemplo, en 2004, 300 estudiantes realizaron un mitin de protesta por la expulsión de dos estudiantes homosexuales, logrando su reincorporación. Sin embargo, muchos casos no llegan a hacerse públicos y es mucho lo que queda por hacer.41

Los ideales de abstinencia y celibato proclamados por la mayoría de escuelas católicas son un componente particularmente distintivo de la cultura de control y represión.42  43 A finales de 2007, los medios de comunicación informaron que una pareja de adolescentes, preocupada porque había tenido relaciones sexuales sin protección, fue suspendida luego de preguntar a la orientadora de la escuela por la anticoncepción de emergencia. La suspensión fue levantada sólo después de la intervención del Ministerio de Educación.44

La discriminación de género también jugó un rol en el caso de una niña que fue grabada sin saberlo teniendo sexo oral con un compañero de clase en un parque público. El videoclip fue colgado en un sitio web muy frecuentado. La escuela pidió a la niña que buscara una escuela alternativa con el argumento que había comprometido la reputación de la escuela y de las estudiantes mujeres, pero no tomó ninguna acción contra su pareja sexual o contra sus compañeros varones que grabaron la escena con sus celulares.45

También ha sido necesario que el Ministerio de Educación intervenga en casos en los que estudiantes homosexuales o lesbianas fueron hostigados o expulsados de la escuela por su orientación sexual.43 A menudo este tipo de discriminación es denunciada por activistas. No es frecuente que los estudiantes lleven estos casos a la Corte, dado que es difícil predecir el comportamiento de los jueces. Los adolescentes terminan “retirándose voluntariamente de la escuela”, como se describió eufemísticamente en nuestro estudio.10

Lo que nos depara el futuro

El 2009 es un año electoral y por primera vez desde 1990, no resulta claro si la coalición de centro-izquierda logrará permanecer en el poder. A pesar de las buenas intenciones, la agenda política del gobierno se ve continuamente erosionada por las fuerzas políticas que se niegan a considerar a los y las jóvenes como seres sexuales sujetos de derecho.

La Unidad de Protección de Derechos del Ministerio de Educación realiza importantes esfuerzos por promover una conciencia de derechos y garantizar los derechos de los estudiantes cada vez que ocurre un caso de discriminación en las escuelas, especialmente los que involucran la suspensión.43 Sin embargo, la mayoría de estas iniciativas tiene escaso impacto en las políticas públicas y la ley. El problema en la actualidad es la falta de voluntad para iniciar un diálogo sobre derechos, género y sexualidad de los jóvenes. La falta de un programa nacional de educación sexual efectivo afecta fundamentalmente a los más pobres en la sociedad chilena, dado que estas medidas se aplican sólo a los servicios del sector público, y no a los del sector privado.

Taller educativo sobre diversidad sexual, conducido por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH), ONG que trabaja con estudiantes gay y lesbianas de la escuela secundaria, Chile.

La reforma legislativa se ve obstaculizada por la necesidad de contar con una mayoría de 4/7 en las dos cámaras del Congreso, y la retórica conservadora no cede espacio. Consideramos que la amenaza de litigio desalentará cualquier esfuerzo del gobierno por introducir una educación sexual obligatoria en las escuelas mediante la formulación de políticas o la reforma legal. Estas cuestiones están presentes en el debate actual sobre el Proyecto de Ley sobre Planificación Familiar y Anticoncepción de Emergencia, presentado en junio de 2009 por la Presidenta Bachelet, para garantizar la disponibilidad de todos los métodos anticonceptivos en el sistema de salud pública, incluyendo la anticoncepción de emergencia.46

A medida que se acerca la elección presidencial en diciembre 2009, la sexualidad adolescente se convierte en una moneda de cambio con la oposición, cuyo candidato tiene una alta intención de voto en las encuestas. La oposición en la Cámara de Diputados presentó una enmienda al nuevo Proyecto de Ley, que obliga a los proveedores de salud a informar a los padres u otro adulto en caso se prescriba anticoncepción de emergencia a una niña de 14-16 años, cuando se considera que su salud o vida requieren de urgente protección.47 Esta propuesta fue respaldada por el Ejecutivo, con la esperanza de que redujera la oposición al proyecto de ley. Sin embargo, esta enmienda significa un retroceso si se le compara con la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional en 2008 sobre la anticoncepción de emergencia, que defendía el derecho de los adolescentes a la confidencialidad en los servicios. Cuando la Comisión de Salud del Senado aprobó la enmienda, dos senadores favorables a la educación sexual presentaron una nueva enmienda que establecía la obligatoriedad de los programas de educación sexual en las escuelas.48 Dadas las dificultades para predecir su permanencia en el poder, algunos políticos están dispuestos a incluir en la agenda temas que han dividido a la coalición gobernante. El partido pro-Pinochet UDI ya ha anunciado que apelará el proyecto de ley en el Tribunal Constitucional si éste es aprobado por el Congreso.

Diversos organismos que velan por la observancia de los tratados de NNUU han recomendado que Chile adopte leyes, políticas y programas que respeten los derechos sexuales y reproductivos. 49  50 Pero el statu quo socava, y en última instancia viola, los derechos humanos de los y las adolescentes. A menos que el sistema de gobierno chileno empiece a considerar a sus jóvenes como sujetos de derechos, Chile seguirá fracasando en su compromiso con ellos.

Referencias